Entrevista a Marcos Mateos Martínez, reciente nombrado decano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia en la Revista “La Llave” del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia Murcia.

En primer lugar, nos gustaría conocer un poco más la figura del ingeniero industrial, sus funciones y cómo puede ayudar a los Administradores de Fincas en su día a día.

Agradezco enormemente al COAFMU la oportunidad de dar a conocer un poco más nuestro colectivo y de exponer que podemos aportar los ingenieros industriales a los Administradores. Vaya por delante mi reconocimiento a la labor que desempeñáis, no es fácil gestionar toda la problemática que se plantea en las comunidades de propietarios y exige un nivel de conocimiento y experiencia que no todo el mundo alcanza a comprender, soy buen conocedor de vuestra profesión y creo que debería reconocerse más a menudo.

Por este motivo el Administrador se debe rodear de asesores especialistas en los que apoyarse.

El ingeniero industrial tiene una formación generalista que le hace que, durante su carrera profesional, pueda abarcar diferentes sectores y temáticas, desde la dirección general de una industria hasta la consultoría de medio ambiente, pasando por la robótica o la digitalización, por la gestión de la energía o el diseño de instalaciones, la dirección y gestión de proyectos o como director de innovación en empresas tecnológicas, esa formación generalista hace que el ingeniero industrial tenga una visión más amplia de las cuestiones que se puedan plantear en el desarrollo de su actividad que otros colectivos técnicos profesionales, estamos hablando de una carrera de 6 años con una tasa de abandono importante por la exigencia académica.

Para concretar cómo puede ayudar un ingeniero industrial al Administrador, voy a poner de ejemplo el convenio de colaboración que tenemos suscrito, en él, tal y como hemos comentado, tenemos una serie de compañeros que han sido seleccionados por su trabajo relacionado con las instalaciones, con la construcción, y con la gestión energética de los edificios, con un mínimo de 10 años de experiencia.

Así, podemos intervenir en las siguientes temáticas: Instalaciones de baja tensión, centros de transformación, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de agua caliente sanitaria, de agua potable, solar térmica, solar fotovoltaica, vehículo eléctrico, ventilación de garajes, puertas mecánicas, ascensores, piscinas, climatización, calefacción, productos petrolíferos, gases combustibles, etc.

En cuanto a lo relacionado con la gestión energética, desde una auditoría o la certificación energética de una vivienda o edificio, hasta el estudio de los consumos y tipo de suministros o la relación con las compañías suministradoras, o un estudio de viabilidad sobre la implantación de energía solar fotovoltaica.

También podemos realizar Informes Periciales de parte para dirimir las causas de cualquier mal funcionamiento de las instalaciones y de las consecuencias que se puedan derivar de las mismas.

En su opinión, ¿cuáles son los retos que tienen que alcanzar los edificios residenciales para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en materia de eficiencia energética?

Tenemos un parque edificatorio que es el responsable del 20 % del consumo energético de todo el país y del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto es debido a que el 60% de los edificios fueron construidos antes de los años 80, sin criterios de eficiencia energética. A esto hay que sumarle que más del 20% de los edificios tienen más de 50 años.

Por otra parte, si sumamos el consumo de los vehículos privados de combustión, las familias consumimos el 36% del total de la energía de España, hablamos de aproximadamente un tercio del total. Estos datos demuestran, sin lugar a dudas, que es necesaria una intervención para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible como sociedad, es necesario un convencimiento por parte de todos de que los modelos de producción y consumo desmedido necesitan dejar paso a un sistema que garantice la dignidad de todas las personas y el uso sostenible de los recursos para las siguientes generaciones y esto es un cambio de paradigma que debemos afrontar cuanto antes, no verlo como un simple eslogan progre.

La energía es un bien básico que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo y competitividad de las empresas. Y la energía, tal y como la conocemos hasta ahora, está sufriendo una revolución de la mano de las energías renovables y más concretamente a consecuencia del RD 244/2019 de 5 de abril Real Decreto del Autoconsumo de energía eléctrica.

Estamos ante la democratización de la energía, dando la oportunidad al ciudadano para autogenerar, para producir, para autoconsumir. Esta democratización de la energía nos llevará más rápido hacia una sociedad descarbonizada y altamente electrificada, nos llevará hacia un nuevo modelo energético donde prime la protección medioambiental y la lucha contra el cambio climático y, también a la justicia social para acabar
con la “pobreza energética” que afecta a tantos hogares. Para cumplir con los compromisos de desarrollo sostenible adquiridos con las  propuestas HORIZONTE 2030 debemos trabajar en dos direcciones:

  1. La sustitución de los combustibles fósiles (gas natural, propano, butano, gasoil,…) por fuentes de energía de origen renovable.
  2. Aumentar la eficiencia energética para reducir el consumo de energía.

El 1º nos lleva a la electrificación de la sociedad. El 2º nos obliga a incluir la eficiencia en el origen del edificio desde el diseño constructivo, así como a la incorporación de la automatización, control y seguimiento de las instalaciones a través de los sistemas derivados de la digitalización como el internet de las cosas o el big data y la inteligencia artificial.

Este nuevo modelo energético fundamentado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables supone un cambio de paradigma en el sector energético y para la sociedad, lo que nos lleva a edificios que consuman muy poca energía o casi nula, trabajando en la envolvente del edificio y en la eficiencia de las instalaciones, edificios sin combustibles fósiles, con cero emisiones de gases de efecto invernadero, edificios autogeneradores y autoconsumidores de energía fotovoltaica, y edificios preparados para el vehículo eléctrico.

¿Considera suficientes los programas de ayudas que se están impulsando por la Administración Pública para conseguir el logro de las metas?

Hablamos de rehabilitación de edificios existentes, de sus instalaciones y también de la envolvente del edificio. Según el Ministerio de Transición Ecológica se necesitarían más de 40.000 millones de euros para esta mejora en la eficiencia energética, con inversiones que están fuera del alcance de muchos propietarios y de muchas comunidades de vecinos. Por lo tanto debemos aprovechar el proyecto europeo Next Generation EU para ayudar a llevar a cabo esta transición energética en los edificios, mejorando el aislamiento de la envolvente, descarbonizando las instalaciones a través de la electrificación del edificio y aportando energía de origen renovable, y digitalizando el edificio, no solo para un mejor control de las instalaciones sino para optimizar su consumo energético, la captura y el análisis de los datos son fundamentales para mejorar en la estrategia de ahorro y, por qué no, mejorar en nuestros hábitos a la hora de usar nuestras viviendas, de hecho la UE apuesta, por dos pilares fundamentales: 1º la transición energética justa y 2º la digitalización.

Tenemos, por tanto, una ocasión única para, aprovechando la oportunidad que nos ofrece la disposición de estos fondos, preparar proyectos de rehabilitación y regeneración, no solamente de la envolvente del edificio, sino también de nuestras instalaciones, haciéndolas más eficientes y más salubres, cambiando su diseño e integrándolas en la digitalización del edificio aplicando la tecnología de IOT y Big Data como herramientas para controlar y aprender a mejorar la instalaciones y la forma de usarlas.

Esta estrategia planteada por la Unión Europea, siendo bajo nuestro punto de vista acertada, no termina de despegar, o por lo menos a la velocidad que se necesita, y no por un problema de fondos sino por la engorrosa y poco ágil tramitación administrativa de los mismos. Por un lado, tenemos que los propietarios deben hacer primero la inversión para, después de demostrar que se ha conseguido el objetivo de ahorro energético de su edificio, recibir la ayuda, hablamos de inversiones con una repercusión por vivienda que para muchos es inviable o muy difícil de asumir. Por otra parte, está la falta de medios en las Administraciones Públicas para hacer frente al elevado número de expedientes, expedientes cada vez más complejos que exigen una justificación interminable, lo que deriva también en un trabajo extra para el Administrador, no siempre remunerado y con una tasa de éxito realmente desalentadora, si nos atendemos a las convocatorias de ayudas de estos últimos años.

La solución no se intuye fácilmente pues se trata de procedimientos administrativos redundantes, excesivamente garantistas, donde cada una de las Administraciones intervinientes añaden mayor complejidad ante la perspectiva de que una auditoría posterior eche por tierra todo el trabajo y las ayudas concedidas.

Esta falta de resultados en la tramitación de ayudas no es un problema exclusivo del sector residencial, en la industria está pasando algo similar aunque no tan acusado. En una reciente conferencia de la Secretaria de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se expuso que éste era un problema importante para el Gobierno porque, de seguir así, se va a perder la oportunidad de reducir el consumo energético y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, en definitiva se perderían los tan manidos fondos europeos. Y fíjese si éste es un problema conocido por el Gobierno, el de la compleja tramitación de los expedientes de ayuda, que, al menos en la industria, se va a plantear un cambio de modelo donde se elimine la tramitación de los expedientes en las Comunidades Autónomas y se haga todo a nivel ministerial, tal y como se está haciendo en otros países de la UE, ¿de qué forma? pues a través de las grandes industrias y de la exigencia que tienen estas empresas de repercutir en forma de impuestos sus emisiones de gases de efecto invernadero, impuestos que el Gobierno convalidaría a cambio de que estas empresas lideren inversiones en mejora de la eficiencia energética en otras industrias. No digo que ésta sea la solución para el sector residencial, pero habría que plantear una vía alternativa para evitar la excesiva burocracia de las administraciones públicas, si no el pretendido éxito de los fondos de recuperación y resiliencia se va a tornar en estrepitoso fracaso.

 

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